Con este proceso se busca reestructurar los pasivos judiciales y continuar con la prestación del servicio de manera normal.

Con un porcentaje del 99,10 % a favor, la Asamblea General de Accionistas de Metrolínea S.A. aprobó que la Empresa inicie el trámite para acogerse a la Ley 550 de 1999 como mecanismo de reactivación empresarial y reestructuración de pasivos, con el propósito de negociar una forma de pago con los acreedores.

Actualmente Metrolínea S.A. tiene una deuda de $157.000 millones de capital por pasivos judiciales que ponen en una situación financiera difícil a la Empresa. Pese a que desde la gerencia se hicieron todos los esfuerzos posibles y legales para obtener recursos vía transferencia de los municipios del área metropolitana o acceso a crédito, no fue posible y por ello se tomó la decisión más viable que fue proponer acogerse a la Ley 550 de 1999.

Así las cosas, tras informarle a la Junta Directiva de este paso a seguir, este 14 de septiembre se llevó la propuesta ante la Asamblea General de Accionistas por parte de la gerente de Metrolínea S.A., Emilcen Jaimes Caballero, cuyo resultado fue la aprobación por un 99,10 % de los asambleístas.

“Desde Metrolínea S.A., en vista de la difícil situación financiera que se viene complicando con el paso de los días y más en esta emergencia, se tomó la decisión de entrar en este trámite con dos propósitos: uno, permitirle a la empresa un proceso de reactivación empresarial derivado de una negociación con los acreedores que incluye la congelación de intereses y liberación de embargos; y dos, garantizar la continuidad de la prestación del servicio a todos nuestros usuarios”, precisó Jaimes Caballero.

La Gerente aseguró que esta autorización corresponde a una decisión “real y efectiva” frente al tema de los pasivos judiciales que viene desde hace varios años atrás, por lo que se espera que el proceso que se inicia beneficie a la empresa pero también le permita responder ante los acreedores.

“El proceso que viene es la solicitud para llevar a cabo la reestructuración de los pasivos ante la Superintendencia de Puertos y Transporte (Supertransporte), entidad que regula a Metrolínea S.A., para que se acepte y acogernos a la Ley 550 de 1999. Posterior a ello arranca el proceso en busca de la negociación con los acreedores que nos lleve a acuerdos de pago según las posibilidades de la empresa”, señaló la Gerente.

Jaimes Caballero fue enfática en que este proceso traerá beneficios para Metrolínea S.A. y reiteró que los contratos de concesión con los operadores TISA, Metrocinco Plus y Movilizamos continúan su ejecución y por ende el servicio se seguirá prestando de manera normal como ha ocurrido hasta ahora en los tres municipios donde está la operación (Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta).

La Asamblea General de Accionistas la conforman: la Nación con los ministerios de Hacienda y Transporte, las alcaldías de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón, el Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga (IMEBU), el Instituto de Vivienda y Reforma Urbana de Bucaramanga (Invisbu), el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB).     

Oficina de Prensa y Comunicaciones.

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